La colección de artículos en portales digitales y periódicos sobre presuntos vínculos entre el entorno del Presidente mexicano y “el narco” ha marcado en las últimas semanas la cifra de un golpismo burdo y bajo. Esto ha significado la intrusión en los asuntos internos mexicanos como forma de retorsión por las políticas del Gobierno de López Obrador en su intento por ganar márgenes de maniobra en materia energética, de seguridad, de reformas políticas, de rectoría estatal de la economía y de bienestar social, entre otros campos vitales para la soberanía nacional. Se han tocado los intereses y la capacidad operativa de la DEA en México y el lobby de la industria de armas en este sexenio, lo que no debe olvidarse a la hora de valorar los ataques que, internamente, rebotan y se magnifican por la intensa y millonaria campaña sucia que la oposición conduce en redes sociales.

ProPublica, InSight Crime, DW, NYT, y ahora agregamos WSJ. Siglas y disparos, secuelas mediáticamente planeadas que pretenden forjar narrativas tóxicas y contextos injerencistas. Esto sí que es polarización, verdadera, desestabilizadora y antidemocrática, en México y en el mismo Estados Unidos, justo en el año electoral. 

Los reportajes o notas de opinión de los medios mencionados, en este periodo de intercampañas qua ya acaba el primero de marzo, vigorizan la retórica de la “guerra al narco” o “guerra a las drogas”, reedición de la war on drugs de Nixon en los setenta, e invitan gentilmente al público lector a tragarse el cuento del #NarcoPresidente y la #NarcoCandidata, y a digerir, así, viejas fábulas de las agencias norteamericanas como si fueran revelaciones contundentes. Las reiteradas propuestas desde EUA para clasificar a los cárteles como grupos terroristas e invadir con drones o militarmente el territorio mexicano para combatirlos tienen el mismo tenor y en aquello se apoyan. 

Y no es, claro, que no haya corrupción hoy en México, no es que no haya candidaturas embarazosas en Morena y los demás partidos, no es que no se deban investigar los nexos entre la política y el crimen organizado, pues son asuntos fundamentales y sí impactan en la calidad democrática, pero debe hacerse seriamente, lejos de intereses mezquinos o coyunturales.    

Históricamente los medios del mainstream se han dedicado a instrumentar políticas hegemónicas de control sobre países, ideas, recursos y territorios, particularmente desde las grandes potencias hacia los países del Sur global o del otrora llamado Tercer Mundo. La democracia es una excusa. Las armas de destrucción masiva (inexistentes en Irak) fueron un pretexto. El fentanilo es un chivo expiatorio. Y business is business, más bien.  

Hoy, junto con nuevos actores del campo mediático y con los narco-hashtags y bots que contrata desde el extranjero la oposición, medios internacionales corporativos hacen el juego de las elites en ambos lados del Río Bravo. Éstas sí que son un peligro tangible para la democracia, las elecciones y México, y no las propuestas de reformas constitucionales, la crítica al Poder Judicial o una entrevista del Presidente con una periodista rusa de un medio independiente. 

El 18 de febrero pasado las marchas de miles de personas, motivadas más por el miedo y el odio que por la democracia y el diálogo, además del ya clásico trasfondo clasista y racista, mostraron contradicciones y distorsiones evidentes: fueron libres, pacíficas, con mucha cobertura de medios, sin cercos policiacos ni represión, pero a la vez denunciaban la supuesta instalación de una dictadura comunista en el país. En buena parte fueron convocadas por decenas de asociaciones de una sociedad civil caviar, y por comentaristas y comunicadores que han construido su éxito entre montajes, manoseos informativos, contubernio con el poder y esparcimiento de noticias falaces.

Los añejos grupos de poder que conforman el complejo industrial-militar, económico y mediático de Estados Unidos, y las élites subalternas a éstos en México, tienen nostalgia de la Iniciativa Mérida, de la Operación Rápido y Furioso, y del calderonismo de guerra, y muestran su desesperación por hacer negocios con armas, medicamentos, opioides y con la inseguridad, al estilo de García Luna y sus dudosos “emprendimientos” cuando Fox, Calderón y Peña. 

Sienten frustración por haber perdido algunos de sus privilegios y, justamente, han elegido a la figura de Xóchitl Gálvez como la mejor representante del concepto de “colonización por invitación”, bien conocido en los estudios sobre América Latina y de nuevo en boga tras el tour yanquibérico de la candidata del PRIAN. 

La investigadora canadiense Dawn Marie Paley habla del “capitalismo antidroga”, una maquinaría reticular de poderes económicos, políticos y criminales de alcance global, articulados con los locales, que conducen una “guerra contra el pueblo”, una represión de demandas sociales y personas en el contexto del neoliberalismo, del despojo, la disputa por recursos y el régimen internacional prohibicionista que, impuesto por Estados Unidos durante el siglo XX, criminaliza ciertas substancias y trata problemas de salud como cuestiones penales y criminales.  

Ya está abierta entonces. No sólo la campaña electoral con vistas al 2 de junio, sino la de los intereses fácticos binacionales y de los medios de comunicación de Estados Unidos y otros países, con su función de replicadores seriales de los primeros. Poderosos y prestigiosos, como el New York Times, The Wall Street Journal y Deutsche Welle, o emergentes y menos influyentes, como los demás que se lanzan a la carrera. Y ahora, de nuevo, cabe decir, todos por igual menos serios y creíbles de lo que fueran antes. 

Como ya aprendimos de la historia reciente y no tan reciente latinoamericana, este newsfare puede ser preámbulo o corolario del lawfare, de los golpes blandos o de los experimentos necrolibertarios que se coronaron, por ejemplo, con la llegada de personajes como Milei y Bukele en Argentina y El Salvador, normalmente muy grata al gran capital y a los en la cima de la pirámide.

Los estados de guerra mediática y tecnológica pretenden generar inestabilidad. Son instrumentados a veces “autónomamente”, o bien, por “invitación” e “incitación”, por sectores del país receptor, en alianza o acuerdo con agencias extranjeras, en este caso la DEA (Drug Enforcement Administration), que depende del Departamento de Justicia y del Gobierno de Estados Unidos. Desencadenan violencias, autorizadas o sostenidas por grupos legales e ilegales poderosos, y ensalzan posturas cada vez más extremas, amplificadas desde las redes digitales y las campañas sucias. 

Esto sí es polarización. Esto prepara el terreno para desacreditar candidatos, boicotear procesos electorales y restar legitimidad a gobiernos y congresos electos, paralizando acuerdos y reformas cuando y si se instalan. No sólo es evitar el Plan C, o sea que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en el Congreso, sino que es la conformación de un bloque regresivo y reaccionario ampliado y agresivo. ¿Es este el proyecto de Nación y la propuesta de las derechas en México? Más bien, este es el peligro antidemocrático para México en 2024, y más allá. Cierro con un miniestudio del caso más reciente. 

En el Wall St. Journal del 25 de febrero salió un reportaje de Juan Montes titulado capciosamente: La política criminal mexicana de “abrazos, no balazos” propaga el dolor, el asesinato y la extorsión. Para leerlo integral tuve que buscar en otras páginas que reproducen el artículo porque la original es de paga y no tengo suscripción. Lo encuentro en un blog que, como a remarcar la moraleja de todo el texto, le agrega un subtítulo o comentario inicial muy límpido, incitando a la mano dura: “Ser indulgente con los delincuentes violentos conduce a más delincuencia. Quién lo hubiera dicho”. En dos frases se sintetiza el motor político-ideológico del artículo. Pero quiero rescatar algunos extractos más porque son sintomáticos y han sido menos comentado que los anteriores del NYT y ProPublica. 

El título en sí es una obra maestra de la distorsión. “Abrazos, no balazos” es un lema que se volvió ya un significante vacío, pues sirve un poco para todo y para nada, sobre todo si se quiere criticar o resaltar algo, cualquier cosa, de la Presidencia de López Obrador. Y vaya que sí hay cosas qué criticar o corregir. Sin embargo, reducir todo a una simple política criminal, clasificada como fallida, o a un supuesto arreglo con el crimen organizado es falsear la realidad, fortaleciendo la retórica del aparato mediático-colonial. 

“Abrazos, no balazos”, guste o no, que haya funcionado a cabalidad o no, es programas sociales y becas, es el proyecto de reconstrucción del Estado del bienestar, es la lucha contra la difusión de las armas, la inclusión de sectores sociales antes abandonados, la disminución de tareas represivas de cuerpos de seguridad estatales ante las protestas sociales, y finalmente es la orden presidencial a las fuerzas militares y de la GN para que eviten enfrentamientos directos con grupos criminales, pues sabemos que esto conlleva casi siempre graves violaciones a los derechos humanos y abre las puertas a la ejecución extrajudicial de presuntos culpables.  

Sigue la pieza: “Los cárteles de la droga tienen bajo su control a más ciudades y familias gracias a una política presidencial que pretende sofocar la violencia de las bandas haciendo hincapié en la ayuda pública en lugar de la vigilancia policial”.

Aquí se expresa claramente la deseabilidad, para el autor y, quizás, sus lectores promedio, de un enfoque policiaco por encima de un enfoque de derechos. Para evitar continuar con esta política de la era neoliberal, AMLO fue votado por más de 30 millones de personas en 2018, tras doce años de baños de sangre y “seguridad policiaca” en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. 

Los resultados no son los esperados, es cierto. Creció la presencia militar en tareas de seguridad y en la economía. La GN, formalmente un cuerpo civil, pero en realidad militarizado, se ha enfocado en cumplir con el mandato estadounidense de que México se convierta en tercer país seguro y sea dique de contención de la migración. Por eso, y lo cita el artículo aunque sin explicarlo, ha descendido la cifra de las detenciones de la Guardia entre 2019 y 2022, pero han crecido las de personas en tránsito. 

La política de bienestar ha ampliado la base de personas beneficiarias y los programas, pero aún es insuficiente respecto de lo que se necesita en México, pues han faltado una reforma fiscal progresiva e integral, impuestos patrimoniales, y sobre todo que los más ricos, incluyendo grandes empresas, paguen lo debido. Siguen las carencias en salud y en educación y falta un enfoque universalista integral. Pero solicitar mayor vigilancia policial, criticar burdamente la “ayuda pública” como si fuera innecesaria y clasificar simplemente de blanda la política de seguridad representa un despiste que esconde posturas ideológicas.

Así arranca el artículo: “TUXTLA GUTIÉRREZ, México-Bandas criminales detrás de la epidemia de drogas en EE.UU. están experimentando un crecimiento acelerado y controlan más territorio en México donde pueden asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los ayuntamientos a concederles contratos públicos”.

Nadie podría negar la violencia en el país o el poder de redes macrocriminales que involucran empresas, políticos y delincuentes. Aunque han bajado en los últimos tres años los principales indicadores delictivos, es un problema gravísimo que se ha vuelto endémico en varias regiones de México. El reportaje pasa en reseña la lista de actos violentos y crisis de seguridad de las últimas semanas, brincando de un contexto a otro para corroborar, así, la narrativa tóxica del narco-Estado o del Estado fallido. 

Con ello en varios pasajes se hilan los acontecimientos violentos para presentarlos como consecuencia de lo que el reportero mismo define e interpreta “política de abrazos, no balazos”, dejando en segundo plano el hecho de que se trata de un fenómeno que comenzó a escalar desde finales de los años noventa y explotó definitivamente desde el 2007, el primer año de la narcoguerra de Felipe Calderón. En su sexenio sí se ha demostrado una correlación muy fuerte del crecimiento de la violencia con el modelo económico adoptado, y particularmente con la política de seguridad.

Lo interesante aquí es que el periodista se siente en deber de incluir una falacia. Dice que las bandas criminales mexicanas son las responsables de la epidemia de drogas en Estados Unidos. En cambio, este enorme problema de salud pública lamentablemente es tratado como materia de política penal y punitiva, y es provocado por el propio estilo de vida y de sociedad norteamericano. Esto incluye las recetas legales de opioides, las presiones de lobbies armamentistas y carcelarias, un régimen de capitalismo antidroga que vive de la inseguridad, un sistema social excluyente, basado en la competencia y el performance. En fin, un modelo generador de depresión, ansiedad y dolor crónico a todos los niveles, lo cual es paliado por drogas cada vez más fuertes e jugosamente integradas al negocio de las multinacionales farmacéuticas. 

La idea de que las “bandas mexicanas” están “detrás de una epidemia de drogas” encierra otra narrativa tóxica. Este supuesto “hecho” sirve para justificar la típica política de guerra a las drogas impuesta por Estados Unidos a sus vecinos. El argumento acaba despolitizando el tema, sosteniendo el ataque dirigido nada más a la oferta y no a la demanda, y solapa la existencia de narcotraficantes y mafias locales en aquel país, en donde, de hecho, se queda la gran mayoría de las ganancias del contrabando de narcóticos. En este sentido, el texto es funcional a sostener patrones de injerencia típicos de la política exterior estadounidense, pilares de su poder duro en la disputa geopolítica. 

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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